DESOBEDIENCIA CIVIL. Por Wilson Tapia

Cuando aquí se habla de desobediencia civil, suena a terrorismo, a violencia desatada. Pero si Usted menciona a Martin Luther King o Mahatma Gandhi, las caras si iluminan de pura admiración. Ambos lucharon por derechos civiles en sociedades que no los respetaban. King, en una nación norteamericana que aún mantenía como conducta el racismo y la discriminación contra los afroamericanos. Y Gandhi, en una India sometida al imperialismo británico. Ambos eran pacifistas y resultaron victoriosos. Ambos murieron a manos de asesinos fanáticos que no eran capaces de salir de su visión pobre, sectaria, inhumana.


La de los dos líderes fue una estrategia brillante. Sabían que si se enfrentaban violentamente a lo establecido, serían arrasados y sus ideas sepultadas bajo la parafernalia guerrerista del poder. En cambio, denunciaron a la autoridad para que rectificara. Y lo hicieron en forma masiva, consciente, públicamente y sin violencia. Por eso son reconocidos. No querían otra cosa más que poner fin a las injusticias, construir una sociedad más humana. Ni siquiera les interesaba hacer una revolución, si se entiende por ello el cambio de un sistema por otro. Pero las rectificaciones que perseguían, eran cultural y moralmente revolucionarias.


Tanto King como Gandhi tomaron sus concepciones de lucha del pensador norteamericano Henry David Thoreau [1817 – 1862]. Precursor del ecologismo y pacifista, en 1846 Thoreau fue encarcelado en Estados Unidos. Se negó a pagar impuestos para protestar por la guerra expansionista que su país sostenía contra México. Y, también, para manifestar su oposición a la esclavitud. El pensamiento de Thoreau es considerado de un marcado radicalismo liberal. Sostiene, por ejemplo, la idea de que el gobierno no debe tener más poder que el que los ciudadanos estén dispuestos a concederle. Y todo ello se encarna en la legitimidad de revelarse contra la injusticia, poniendo en práctica lo que él denominó la “desobediencia civil”.


El pensamiento de Thoreau inevitablemente choca con la concepción conservadora. La inmovilidad de lo establecido lleva al anquilosamiento y, generalmente, a prácticas que corrompen el ejercicio del poder que ha entregado la ciudadanía a quienes aplican en su nombre la institucionalidad democrática. De allí que lo que hoy vemos en Chile y en el mundo, son manifestaciones de hastío por un sistema político que ha asumido prácticas abusivas y severamente excluyentes.


Cuando se plantea el tema desde esta perspectiva, los conservadores responden que tal visión s equivocada. Que lo que estamos viendo son “las paradojas del progreso”. Resulta innegable, dicen, que la humanidad ha mejorado sus condiciones de vida a nivel global. Y ello es atribuido al sistema neoliberal imperante. En cierta medida, les asiste razón. Argumentan, por ejemplo, que hoy la pobreza no se mide porque quienes la padecen carecen de zapatos. Pero lo que atribuyen a esta paradoja -que sería el protestar a pesar de que se ha avanzado del pie descalzo al zapato- desconoce el avance que ancestralmente ha tenido la especie humana. Y eso no es sólo en cuestiones materiales, también en valores y en conductas cívicas.


Por supuesto que al contar con los frutos de impresionantes avances tecnológicos -y más aún con el sistema comunicacional que empuja casi con violencia al consumo- las apetencias cambian. Y, al mismo tiempo, cambian también las percepciones de la individualidad, de sus derechos y deberes. Un especialista diría que la nueva mirada necesariamente trae consigo un cambio valórico. 


Pero quienes desean mantener el sistema sin variaciones, querrían que, pese a los cambios, las convenciones tradicionales continuaran siendo aceptadas sin cuestionamientos. Y en ello cuentan con el respaldo de quienes manejan el poder político, el poder económico y de las iglesias.


Cuando aquí se habla de desobediencia civil, suena a terrorismo, a violencia desatada. Pero si Usted menciona a Martin Luther King o Mahatma Gandhi, las caras si iluminan de pura admiración. Ambos lucharon por derechos civiles en sociedades que no los respetaban. King, en una nación norteamericana que aún mantenía como conducta el racismo y la discriminación contra los afroamericanos. Y Gandhi, en una India sometida al imperialismo británico. Ambos eran pacifistas y resultaron victoriosos. Ambos murieron a manos de asesinos fanáticos que no eran capaces de salir de su visión pobre, sectaria, inhumana.


La de los dos líderes fue una estrategia brillante. Sabían que si se enfrentaban violentamente a lo establecido, serían arrasados y sus ideas sepultadas bajo la parafernalia guerrerista del poder. En cambio, denunciaron a la autoridad para que rectificara. Y lo hicieron en forma masiva, consciente, públicamente y sin violencia. Por eso son reconocidos. No querían otra cosa más que poner fin a las injusticias, construir una sociedad más humana. Ni siquiera les interesaba hacer una revolución, si se entiende por ello el cambio de un sistema por otro. Pero las rectificaciones que perseguían, eran cultural y moralmente revolucionarias.


Tanto King como Gandhi tomaron sus concepciones de lucha del pensador norteamericano Henry David Thoreau [1817 – 1862]. Precursor del ecologismo y pacifista, en 1846 Thoreau fue encarcelado en Estados Unidos. Se negó a pagar impuestos para protestar por la guerra expansionista que su país sostenía contra México. Y, también, para manifestar su oposición a la esclavitud. El pensamiento de Thoreau es considerado de un marcado radicalismo liberal. Sostiene, por ejemplo, la idea de que el gobierno no debe tener más poder que el que los ciudadanos estén dispuestos a concederle. Y todo ello se encarna en la legitimidad de revelarse contra la injusticia, poniendo en práctica lo que él denominó la “desobediencia civil”.


El pensamiento de Thoreau inevitablemente choca con la concepción conservadora. La inmovilidad de lo establecido lleva al anquilosamiento y, generalmente, a prácticas que corrompen el ejercicio del poder que ha entregado la ciudadanía a quienes aplican en su nombre la institucionalidad democrática. De allí que lo que hoy vemos en Chile y en el mundo, son manifestaciones de hastío por un sistema político que ha asumido prácticas abusivas y severamente excluyentes.


Cuando se plantea el tema desde esta perspectiva, los conservadores responden que tal visión s equivocada. Que lo que estamos viendo son “las paradojas del progreso”. Resulta innegable, dicen, que la humanidad ha mejorado sus condiciones de vida a nivel global. Y ello es atribuido al sistema neoliberal imperante. En cierta medida, les asiste razón. Argumentan, por ejemplo, que hoy la pobreza no se mide porque quienes la padecen carecen de zapatos. Pero lo que atribuyen a esta paradoja -que sería el protestar a pesar de que se ha avanzado del pie descalzo al zapato- desconoce el avance que ancestralmente ha tenido la especie humana. Y eso no es sólo en cuestiones materiales, también en valores y en conductas cívicas.


Por supuesto que al contar con los frutos de impresionantes avances tecnológicos -y más aún con el sistema comunicacional que empuja casi con violencia al consumo- las apetencias cambian. Y, al mismo tiempo, cambian también las percepciones de la individualidad, de sus derechos y deberes. Un especialista diría que la nueva mirada necesariamente trae consigo un cambio valórico. 


Pero quienes desean mantener el sistema sin variaciones, querrían que, pese a los cambios, las convenciones tradicionales continuaran siendo aceptadas sin cuestionamientos. Y en ello cuentan con el respaldo de quienes manejan el poder político, el poder económico y de las iglesias.


Cuando aquí se habla de desobediencia civil, suena a terrorismo, a violencia desatada. Pero si Usted menciona a Martin Luther King o Mahatma Gandhi, las caras si iluminan de pura admiración. Ambos lucharon por derechos civiles en sociedades que no los respetaban. King, en una nación norteamericana que aún mantenía como conducta el racismo y la discriminación contra los afroamericanos. Y Gandhi, en una India sometida al imperialismo británico. Ambos eran pacifistas y resultaron victoriosos. Ambos murieron a manos de asesinos fanáticos que no eran capaces de salir de su visión pobre, sectaria, inhumana.


La de los dos líderes fue una estrategia brillante. Sabían que si se enfrentaban violentamente a lo establecido, serían arrasados y sus ideas sepultadas bajo la parafernalia guerrerista del poder. En cambio, denunciaron a la autoridad para que rectificara. Y lo hicieron en forma masiva, consciente, públicamente y sin violencia. Por eso son reconocidos. No querían otra cosa más que poner fin a las injusticias, construir una sociedad más humana. Ni siquiera les interesaba hacer una revolución, si se entiende por ello el cambio de un sistema por otro. Pero las rectificaciones que perseguían, eran cultural y moralmente revolucionarias.


Tanto King como Gandhi tomaron sus concepciones de lucha del pensador norteamericano Henry David Thoreau [1817 – 1862]. Precursor del ecologismo y pacifista, en 1846 Thoreau fue encarcelado en Estados Unidos. Se negó a pagar impuestos para protestar por la guerra expansionista que su país sostenía contra México. Y, también, para manifestar su oposición a la esclavitud. El pensamiento de Thoreau es considerado de un marcado radicalismo liberal. Sostiene, por ejemplo, la idea de que el gobierno no debe tener más poder que el que los ciudadanos estén dispuestos a concederle. Y todo ello se encarna en la legitimidad de revelarse contra la injusticia, poniendo en práctica lo que él denominó la “desobediencia civil”.


El pensamiento de Thoreau inevitablemente choca con la concepción conservadora. La inmovilidad de lo establecido lleva al anquilosamiento y, generalmente, a prácticas que corrompen el ejercicio del poder que ha entregado la ciudadanía a quienes aplican en su nombre la institucionalidad democrática. De allí que lo que hoy vemos en Chile y en el mundo, son manifestaciones de hastío por un sistema político que ha asumido prácticas abusivas y severamente excluyentes.


Cuando se plantea el tema desde esta perspectiva, los conservadores responden que tal visión s equivocada. Que lo que estamos viendo son “las paradojas del progreso”. Resulta innegable, dicen, que la humanidad ha mejorado sus condiciones de vida a nivel global. Y ello es atribuido al sistema neoliberal imperante. En cierta medida, les asiste razón. Argumentan, por ejemplo, que hoy la pobreza no se mide porque quienes la padecen carecen de zapatos. Pero lo que atribuyen a esta paradoja -que sería el protestar a pesar de que se ha avanzado del pie descalzo al zapato- desconoce el avance que ancestralmente ha tenido la especie humana. Y eso no es sólo en cuestiones materiales, también en valores y en conductas cívicas.


Por supuesto que al contar con los frutos de impresionantes avances tecnológicos -y más aún con el sistema comunicacional que empuja casi con violencia al consumo- las apetencias cambian. Y, al mismo tiempo, cambian también las percepciones de la individualidad, de sus derechos y deberes. Un especialista diría que la nueva mirada necesariamente trae consigo un cambio valórico. 


Pero quienes desean mantener el sistema sin variaciones, querrían que, pese a los cambios, las convenciones tradicionales continuaran siendo aceptadas sin cuestionamientos. Y en ello cuentan con el respaldo de quienes manejan el poder político, el poder económico y de las iglesias.


La desobediencia civil es condenada como un anatema. Y no podría ser de otro modo. Instituciones como el gobierno, la Iglesia, la Justicia, están en entredicho. Son la base que soporta el peso del malestar ciudadano. El 62% de los chilenos no tiene confianza en la Iglesia, mientras el 74% piensa que no se gobierna para el pueblo. Todas estas cifras las dio la Corporación Latinobarómetro.


Es indudable que la percepción que tienen los chilenos de instituciones democráticas fundamentales es muy mala. En palabras de Thoreau, se impone la desobediencia civil, ya que el Gobierno cuenta con más poder del que los ciudadanos están dispuestos a concederle. Y ejercer la desobediencia civil no implica violencia. Quienes la practican son minorías insignificantes que está muy lejos de interpretar el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero su accionar se nota. Especialmente porque los medios de comunicación se centran en ellos.


Más del 70% de los chilenos condenan el accionar de su Gobierno; más del 80% apoya las demandas respecto de la educación; más del 60% no confía en la Iglesia. El respaldo a la clase política está en su nivel histórico más bajo ¿Por qué, entonces, tenemos que seguir diciendo que las instituciones funcionan en Chile? Y cuestionar el sistema no significa querer destruir todo para construir algo completamente distinto. Se trata de mejorar lo que claramente está funcionando mal. Pero no condenar el “capitalismo salvaje” en la palabra y respaldarlo en los hechos. Es lo que hizo el Papa Juan Pablo II y lo que hacen nuestras autoridades con el sistema educacional chileno y los mecanismos de reparto de la riqueza. La desobediencia civil es condenada como un anatema. Y no podría ser de otro modo. Instituciones como el gobierno, la Iglesia, la Justicia, están en entredicho. Son la base que soporta el peso del malestar ciudadano. El 62% de los chilenos no tiene confianza en la Iglesia, mientras el 74% piensa que no se gobierna para el pueblo. Todas estas cifras las dio la Corporación Latinobarómetro.


Es indudable que la percepción que tienen los chilenos de instituciones democráticas fundamentales es muy mala. En palabras de Thoreau, se impone la desobediencia civil, ya que el Gobierno cuenta con más poder del que los ciudadanos están dispuestos a concederle. Y ejercer la desobediencia civil no implica violencia. Quienes la practican son minorías insignificantes que está muy lejos de interpretar el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero su accionar se nota. Especialmente porque los medios de comunicación se centran en ellos.


Más del 70% de los chilenos condenan el accionar de su Gobierno; más del 80% apoya las demandas respecto de la educación; más del 60% no confía en la Iglesia. El respaldo a la clase política está en su nivel histórico más bajo ¿Por qué, entonces, tenemos que seguir diciendo que las instituciones funcionan en Chile? Y cuestionar el sistema no significa querer destruir todo para construir algo completamente distinto. Se trata de mejorar lo que claramente está funcionando mal. Pero no condenar el “capitalismo salvaje” en la palabra y respaldarlo en los hechos. Es lo que hizo el Papa Juan Pablo II y lo que hacen nuestras autoridades con el sistema educacional chileno y los mecanismos de reparto de la riqueza. La desobediencia civil es condenada como un anatema. Y no podría ser de otro modo. Instituciones como el gobierno, la Iglesia, la Justicia, están en entredicho. Son la base que soporta el peso del malestar ciudadano. El 62% de los chilenos no tiene confianza en la Iglesia, mientras el 74% piensa que no se gobierna para el pueblo. Todas estas cifras las dio la Corporación Latinobarómetro.


Es indudable que la percepción que tienen los chilenos de instituciones democráticas fundamentales es muy mala. En palabras de Thoreau, se impone la desobediencia civil, ya que el Gobierno cuenta con más poder del que los ciudadanos están dispuestos a concederle. Y ejercer la desobediencia civil no implica violencia. Quienes la practican son minorías insignificantes que está muy lejos de interpretar el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero su accionar se nota. Especialmente porque los medios de comunicación se centran en ellos.


Más del 70% de los chilenos condenan el accionar de su Gobierno; más del 80% apoya las demandas respecto de la educación; más del 60% no confía en la Iglesia. El respaldo a la clase política está en su nivel histórico más bajo ¿Por qué, entonces, tenemos que seguir diciendo que las instituciones funcionan en Chile? Y cuestionar el sistema no significa querer destruir todo para construir algo completamente distinto. Se trata de mejorar lo que claramente está funcionando mal. Pero no condenar el “capitalismo salvaje” en la palabra y respaldarlo en los hechos. Es lo que hizo el Papa Juan Pablo II y lo que hacen nuestras autoridades con el sistema educacional chileno y los mecanismos de reparto de la riqueza.


Fuente: Fortín Mapocho

Ley Antidiscriminación: Que un paso adelante no signifique dos pasos atrás (por Por : Raúl Letelier W. y Fernando Muñoz L.)

La semana pasada el Senado aprobó la Ley Antidiscriminación en medio de protestas y celebraciones que obligaron a desalojar el recinto. Así, el proyecto pasó a su tercer trámite legislativo, avanzando en la carrera para que la igualdad en Chile esté garantizada por ley. Pero el Senado incluyó una modificación que podría hacer letra muerta de gran parte del texto normativo. Los autores de esta columna cuestionan ese cambio, el que podría poner la libertad de opinión o de trabajo por sobre la igualdad de las personas. Para ellos, la indicación de los senadores es un contrasentido para el espíritu de la ley.

El miércoles 8 de noviembre el Senado concluyó favorablemente la tramitación del proyecto de Ley Antidiscriminación. El resultado de la votación fue de por 28 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. El fin del cuerpo legislativo era incrementar el arsenal de instrumentos que le permiten al Estado cumplir su deber constitucional de “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. En resumidas cuentas, su eventual entrada en vigencia constituirá una excelente noticia para el Derecho Público.

Sin embargo, una modificación introducida precisamente en el Senado amenaza con minar la capacidad de este proyecto de ley de proteger efectivamente a los grupos desaventajados. Se trata de aquella indicación que establece que se considerarán siempre razonables las “distinciones, exclusiones o restricciones” que, pese a estar fundadas en motivos tales como la raza, la situación socioeconómica, la opinión política y la participación en organizaciones sindicales o gremiales, entre otros criterios, “se encuentren justificados en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental”, en particular derechos como la libertad de opinión, la libertad de enseñanza, la libertad de trabajo o el derecho a desarrollar actividades económicas.

El primer problema con esta redacción es de técnica jurídica. Al establecer que “se considerarán siempre razonables” los actos discriminatorios que invoquen los derechos constitucionales allí mencionados, el legislador establece de manera general y abstracta una relación jerárquica entre la lucha contra la discriminación y derechos tales como la libertad de opinión o la libertad económica. Establecer esta jerarquía de valores constitucionales en una ley no sólo es claramente inconstitucional sino que al ser ésta una ley que se predica como contraria a la discriminación, establecer una categorización en perjuicio de ella es, ciertamente, un contrasentido. Más razonable parece dejar que sea el juez resolviendo el caso concreto quien, utilizando todos los materiales jurídicos disponibles, y bajo el siempre presente mandato constitucional de igualdad ante la ley, decida qué principio, valor o derecho prime en la situación bajo su conocimiento.

El segundo problema es de fondo. La indicación ya mencionada parece asignarle más valor a la libertad de contratación que al combate contra la discriminación. ¿Qué ocurrirá cuando un empleador, en el legítimo ejercicio de su derecho a desarrollar actividades económicas, publique un aviso en que ofrezca trabajo a personas que no hayan pertenecido nunca a un sindicato, que no tengan ideas de derecha, que no hayan nacido en Perú o que no sean transexuales? Ante tales situaciones, la modificación introducida por el Senado pareciera condenar a la Ley Antidiscriminación a encogerse de hombros.

Es de esperar, en consecuencia, que en lo que queda de tramitación de esta ley dicha indicación sea eliminada.

Fuente: http://ciperchile.cl/2011/11/17/ley-antidiscriminacion-que-un-paso-adelante-no-signifique-dos-pasos-atras/

Sobre la libertad religiosa, la laicidad y la Democracia (Por Yanira Zuñiga Añazco)

Hace unos días y bajo el titular “Iglesias expresan su rechazo sobre temas valóricos”, la prensa informaban que los representantes de las iglesias cristianas se habían apersonado en La Moneda (y habían sido recibidos por autoridades de gobierno) para entregar una carta de rechazo a los proyectos sobre acuerdo de vida en pareja, aborto terapéutico y no discriminación que se tramitan en el Congreso, dado que dichos proyectos atentarían- según los firmantes- contra los valores en que se fundó el país y que son la base de la sociedad.

Me voy a permitir transcribir parte de este documento. La carta señala: "2. Respetamos profundamente a quienes piensan de manera diversa en estos temas, sin embargo ello no legitima que se introduzcan cambios conceptuales drásticos en la legislación que afecten las profundas convicciones arraigadas en nuestro pueblo. De la misma manera, creemos que las leyes que emanan del poder legislativo deben respetar siempre el designio creador sobre el ser humano y lo que la misma naturaleza nos enseña acerca del amor humano, la vida y la familia. 3. Por estas razones nos parece completamente improcedente que se legisle para introducir en nuestra patria el aborto [...]. No existe ninguna razón que haga lícita una intervención directa con el propósito de privar de la vida al más inocente de todos los seres. 4. De la misma manera expresamos nuestro rechazo a la legislación que pretende incluir en el ordenamiento jurídico las uniones de hecho, especialmente entre personas del mismo sexo. Creemos que aprobar estas iniciativas [...], implica por sí mismo discriminaciones atentatorias contra el bien de la institución matrimonial e injustas en contra de la vida. 5.  Las Iglesias Cristianas en Chile rechazamos que en la redacción del actual proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación se use el término "orientación sexual", un concepto cuya ambigüedad ha derivado, en otras naciones, en una distorsión de la sexualidad y de las bases de la familia, así como en un serio peligro para el ejercicio de numerosas libertades, entre otras la religiosa, que son los fundamentos de una sociedad libre [...]. 6. Considerando que más de un 85 % de la comunidad nacional se declara de convicciones cristianas, invitamos a nuestras autoridades y legisladores a una seria reflexión acerca de las consecuencias que legislaciones como las señaladas pueden importar para el futuro de Chile. [...]  7. Nos importan los valores de la diversidad y el respeto en una sociedad libre y democrática. Pero a la autoridad le corresponde reconocer que existen principios y valores inmutables que han alimentado el alma y los cimientos de nuestra nación, cristiana desde sus inicios. Quienes no los acepten tienen todo el derecho de hacerlo, pero la ley es una ordenación social, moral y ética para todos y no puede imponerse contrariando la naturaleza de las cosas y vulnerando, creemos, el sentir mayoritario del país".

Creo que el razonamiento de la carta puede resumirse en la siguiente tesis: "somos tolerantes con la diversidad siempre que no contravenga ciertos principios y valores que consideramos inmutables. Estos serían la heterosexualidad como base de la familia y la protección del no nato". Para sustentar este alegato, la única razón que se aporta en el texto es la referencia a la población mayoritaria chilena que, declarándose cristiana, suscribiría, entonces, esta tesis. Digo que no hay otra justificación porque entiendo que sostener que a) no existe una razón lícita para interrumpir un embarazo y b) el matrimonio es (o debe ser) entre un hombre y una mujer;  no constituyen en sí mismos argumentos (en el sentido de aportación de razones justificativas) sino meras afirmaciones. O sea, equivalen a un "porque sí" o un "porque no" que, como se sabe, son comunes entre los niños.

Estoy cierta que pueden aportarse varias razones que justifican la interrupción del embarazo y algo de eso he hecho en otra columna ; y también otras tantas que demuestran que el matrimonio igualitario es una cuestión que se relaciona con la dimensión de reconocimiento de la justicia social , pero lo que me ocupará aquí no es eso, sino el rol público de las iglesias  en las sociedades democráticas.

Desde luego,  no es reprochable que las iglesias-como cualquier otro colectivo- expresen sus opiniones sobre temas de deliberación pública. Al contrario, la actuación de las iglesias en la vida pública está garantizada constitucionalmente en nuestro sistema a través de la protección de la libertad de culto (19 N° 6) que implica el derecho de éstas para organizarse como tales,  erigir y mantener sus templos, expresar públicamente sus creencias y desarrollar -también públicamente- sus rituales. Esta especial protección-que existe también en el Derecho comparado- tiene una raíz histórica. La tolerancia, como valor angular de nuestros ordenamientos, tiene su origen en la reforma religiosa, de manera que podríamos decir que la libertad religiosa es la madre del resto de las libertades.

Sin embargo, por paradójico que resulte, el especial estatus de la libertad religiosa en los Estados modernos se relaciona con el fenómeno de humanización que ésta cataliza, es decir, con un  movimiento progresivo de liberación intelectual que propicia que el ser humano se desprenda de todo determinismo (incluidos, desde luego, los religiosos) y se apropie de su destino. Una de las primeras manifestaciones de este movimiento se expresa en la necesidad de reconocer al individuo el dominio sobre sus propias convicciones y excluir, como contrapartida, la interferencia del Estado en esta esfera.

De ahí que para que la libertad religiosa en su doble dimensión (de conciencia y de culto) sea compatible con el humanismo moderno y con la misma idea de libertad (entendida como autonomía) requiere ser conjugada con el principio de laicidad, esto es, aquel que establece la separación del Estado y la Iglesia y que- conviene recordar-  en Chile fue establecido por primera vez en la Constitución de 1925. De otra manera, la libertad religiosa, particularmente aquella asociada a las religiones tradicionales (que son las únicas creencias que están excluidas de la sospecha de ser sectas), se transforma en puro privilegio.

Mirado así, uno puede plantearse la cuestión de la preferencia de convicciones a las que alude la carta (la cristiana versus las otras que protegerían los proyectos de ley aludidos en ella) de la siguiente manera: ¿Por qué las creencias cristianas, en tanto concepciones morales íntimas de ciertos sujetos y  no vinculantes para otros que no adscriban a ellas, merecen que se proteja especialmente su exteriorización colectiva, y otras convicciones o elecciones morales (como el ejercicio de la sexualidad y/o las relaciones de cooperación, de cuidado y de amor que entablan sujetos al margen del matrimonio) no merecen la misma consideración y deben, en contraste- ser "semi-ocultadas"?

Alguien puede argumentar-retomando la tesis central de la carta de las iglesias- que la razón de esta protección privilegiada y de la ingerencia especial de las iglesias en los debates públicos (la que-dicho sea de paso- se expresa en prácticas nacionales de dudosa legitimidad como la mediación eclesiástica en conflictos políticos) se justificarían por la gran cantidad de personas que profesan las creencias que estas organizaciones encarnan. Es decir, un argumento simple de mayorías. Sin embargo, este argumento no sólo olvida los orígenes de la libertad religiosa como derecho contramayoritario; sino que, además, no considera que los Estados democráticos de Derecho son modelos políticos que deben conciliar la decisión de las mayorías con los legítimos intereses de las minorías. Sin este contrapeso, la democracia se transforma en tiranía de las mayorías y la libertad religiosa deja de proteger convicciones autónomas para transformarse en una simple herramienta (estatal) de adoctrinamiento ideológico y en una fuente de sujeción moral.

Fuente: http://www.derecho.uach.cl/columna.php?pag=57&id=62