Los “ultras” de ayer y hoy contra la universidad pública

"yo soy ULTRA, PROBLEM?"

   Cuando se escriba la historia reciente de los “ultras” en las universidades chilenas será una historia con capítulos verdaderamente “ultra”, con personajes “ultra”, con decisiones “ultra” y con emociones “ultra”, es decir, con momentos que cambiaron para siempre el destino de las universidades precisamente por su carácter “ultra”.

   Estos días se ha montado, a partir de una estrategia muy mal pensada –como ya casi todo lo que sale de este gobierno- una campaña comunicacional tan obvia como absurda.

  Es sorprendente cómo, desde el vocero de gobierno hasta la presidenta de la comisión de educación de la Cámara de Diputados, han repetido machaconamente el mismo eslogan: los “ultras” quebraron la mesa de diálogo con los líderes estudiantiles y son los “ultras” los que ahora controlan la CONFECH.

   Lo ineficiente de la mesa del Ministro Bulnes no es responsabilidad de los jóvenes, ni menos de aquellos que han sido demonizados como “ultras”.

   Es simplemente que estamos en presencia de un gobierno que no ha aprendido a escuchar aún, y menos a dialogar.

  Esta no es la historia de los ultras.

  Es la historia de jóvenes que organizados demandan no sólo un cambio sectorial, sino de una sociedad que dormida por la Concertación, ha despertado del sueño dogmático de “la medida de lo posible”: hipnosis colectiva de las élites.

  Todo en la Concertación fueron pretextos. Escamoteos más, escamoteos menos, los Vidal de entonces eran guardianes de palacio. No existían como los Vidal de hoy. Los galgos libres de hoy, no eran los rottweiler de ayer: sincerémonos. Entretenidos, simpaticones, cuñeros, pero rottweiler al fin.

  La historia de los muchachos de hoy no es la historia de los ultra.

  La historia de los denominados “ultras” de hoy es la historia de quienes aprendieron a desconfiar de la política.

  Veintitantos años de restitución de la política en Chile es muy poco tiempo, lo suficientemente poco, como para andar jugueteando con ella como si fuera una empresa personal, un holding, un trust.

  La nueva democracia en Chile tiene poco andar y si lo pensamos bien, con una clase política de reyertas y chimuchinas y poco de alta política. No le ofrece a la juventud un horizonte vocacional serio, con sentido, porque el ethos democrático y político, en el Chile de hoy, no está ni en las instituciones ni en los partidos. Está en la calle. Y esto que suena romántico, debiese hacernos pensar.

  Nadie lo podría olvidar, pero hay que repetirlo una y otra vez: antes de esta democracia… antes, sí que quienes nos gobernaban eran ultra.

  Aunque para pesar de algunos, no lo suficientemente ultra.

  Veamos.

  Sólo como dato para quienes no saben y para aquellos que de pronto se olvidan, pero en lo referente a las radicales reformas universitarias del 81, Jaime Guzmán y el gremialismo eran más ultra que el mismo Augusto Pinochet.

  Jaime Guzmán y el núcleo duro del gremialismo -hoy la ufana y desembarazada Unión Demócrata Independiente- nunca estuvieron conformes con las reformas universitarias del 81, porque las consideraban insuficientemente ultras.

  Esa historia comenzó en septiembre del año 1973 y terminó -insuficientemente ultra- a fines del año 1981, para desgracia de Jaime Guzmán y el gremialismo.

  El 26 de septiembre del año 1973, luego de escuchar a un Edgardo Boeninger en representación de los rectores, que apelaba fundamentalmente por la autonomía universitaria, se anunció la reorganización absoluta de todas las universidades por manu militari mediante rectores delegados. Sólo así la universidad podía evitar transformarse en una hoguera de conflictos, se le argumentó a Boeninger.

  Ahí comenzó la intervención.

  Al llegar la hora nona del año 81 de los cambios estructurales en las universidades, en aras de la libertad de mercado, la competencia y la iniciativa privada, hubo uno que no estuvo del todo contento: fue Jaime Guzmán.

  La Revista Realidad -principal órgano difusor de las ideas del gremialismo de Jaime Guzmán- aparecida en Enero de 1982, fue muy crítica con la reforma universitaria del año 81.

  En un extenso análisis editorial que tituló “Institucionalidad Universitaria: Avances sustantivos entre contradicciones”, el gremialismo fue particularmente duro con cómo quedó finalmente la reforma del 81, que tenía como mérito inicial la superación del esquema de un monopolio cerrado de ocho Universidades financiadas básicamente por el Estado.

  El gremialismo consideraba positivo y original el nuevo sistema de financiamiento a las universidades en que parte del aporte estatal se realizara de modo indirecto, distribuyéndolo entre todas las universidades, en proporción a los mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Académica que cada plantel lograra matricular.

  Pero la queja fue severa: “Desgraciadamente, esta disposición, inicialmente aplicable a todas las Universidades[…]excluyó de todo aporte estatal a las Universidades privadas que se hubieren creado o se crearen conforme a esta nueva legislación universitaria, es decir, con posterioridad a diciembre de 1980”.

  Y remató el gremialismo diciendo: “el intempestivo cambio de criterio al respecto, a nuestro juicio, reviste gravedad conceptual y práctica”.

  Conceptualmente, porque según ellos el Estado subsidiario debe contribuir a financiar las iniciativas privadas que favorezcan a la educación comunidad nacional “y restituir así los recursos que extrae de ella, en términos que respeten y alienten la libertad de enseñanza”.

  Es una doble crítica -de fondo- la que el gremialismo de Jaime Guzmán le hace a la reforma universitaria del año 81.

  Pues, correctamente entendida, la subsidiaridad del Estado es necesaria sólo cuando la iniciativa privada es insuficiente para cubrir las necesidades de educación universitaria de un país.

  No obstante, el “principio exige que el Estado estimule esas iniciativas privadas, que le permitan gradualmente a él circunscribirse lo más posible a sus marcos propios o normativos, en cuanto el ejercicio directo de la tarea universitaria fuere asumido en mayor volumen por la actividad particular”.

  Es un Estado –el del gremialismo- que busca disminuir su presencia por la vía de la iniciativa privada. Y las reformas universitarias del 81, no fueron coherentes –lo suficientemente ultra- ni con la fórmula constitucional de un Estado subsidiario, ni con la lógica neoliberal. Punto.

  ¿Es hoy el minuto de ser ultras y llevar a cabo en su totalidad la reforma del año 81?; ¿es hoy el momento de ser lo suficientemente ultras y coherentes para rectificar los errores de la manu militari?

  Es una mala historia para Jaime Guzmán y el gremialismo. Las reformas universitarias de Pinochet no fueron lo suficientemente ultras. Es la historia de un error que debe ser reparado. Para eso están llamados los UDI de hoy.

FUENTE: http://www.elmostrador.cl/opinion/2011/10/20/los-%E2%80%9Cultras%E2%80%9D-de-ayer-y-hoy-contra-la-universidad-publica/

Crónica de una muerte anunciada.

fragmento:

"Doce días después del crimen, el instructor del sumario se encontró con un pueblo en carne viva. En la sórdida oficina de tablas del Palacio Municipal, bebiendo café de olla con ron de caña contra los espejismos del calor, tuvo que pedir tropas de refuerzo para encauzar a la muchedumbre que se precipitaba a declarar sin ser llamada, ansiosa de exhibir su propia importancia en el drama. Acababa de graduarse, y llevaba todavía el vestido de paño negro de la Escuela de Leyes, y el anillo de oro con el emblema de su promoción, y las ínfulas y el lirismo del primíparo feliz. Pero nunca supe su nombre. Todo lo que sabemos de su carácter es aprendido en el sumario, que numerosas personas me ayudaron a buscar veinte años después del crimen en el Palacio de justicia de Riohacha. No existía clasificación alguna en los archivos, y más de un siglo de expedientes estaban amontonados en el suelo del decrépito edificio colonial que fuera por dos días el cuartel general de Francis Drake. La planta baja se inundaba con el mar de leva, y los volúmenes descosidos flotaban en las oficinas desiertas. Yo mismo exploré muchas veces con las aguas hasta los tobillos aquel estanque de causas perdidas, y sólo una casualidad me permitió rescatar al cabo de cinco años de búsqueda unos 322 pliegos salteados de los más de 500 que debió de tener el sumario. 

El nombre del juez no apareció en ninguno, pero es evidente que era un hombre abrasado por la fiebre de la literatura. Sin duda había leído a los clásicos españoles, y algunos latinos, y conocía muy bien a Nietzsche, que era el autor de moda entre los magistrados de su tiempo. Las notas marginales, y no sólo por el color de la tinta, parecían escritas con sangre. Estaba tan perplejo con el enigma que le había tocado en suerte, que muchas veces incurrió en distracciones líricas contrarias al rigor de su ciencia. Sobre todo, nunca le pareció legítimo que la vida se sirviera de tantas casualidades prohibidas a la literatura, para que se cumpliera sin tropiezos una muerte tan anunciada. 

Sin embargo, lo que más le había alarmado al final de su diligencia excesiva fue no haber encontrado un solo indicio, ni siquiera el menos verosímil, de que Santiago Nasar hubiera sido en realidad el causante del agravio. Las amigas de Ángela Vicario que habían sido sus cómplices en el engaño siguieron contando durante mucho tiempo que ella las había hecho partícipes de su secreto desde antes de la boda, pero no les había revelado ningún nombre. En el sumario declararon: «Nos dijo el milagro pero no el santo». Ángela Vicario, por su parte, se mantuvo en su sitio. Cuando el juez instructor le preguntó con su estilo lateral si sabía quién era el difunto Santiago Nasar, ella le contestó impasible: 

-Fue mi autor. 

Así consta en el sumario, pero sin ninguna otra precisión de modo ni de lugar. Durante el juicio, que sólo duró tres días, el representante de la parte civil puso su mayor empeño en la debilidad de ese cargo. Era tal la perplejidad del juez instructor ante la falta de pruebas contra Santiago Nasar, que su buena labor parece por momentos desvirtuada por la desilusión. En el folio 416, de su puño y letra y con la tinta roja del boticario, escribió una nota marginal: Dadme un prejuicio y moveré el mundo. Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz de la misma tinta de sangre, dibujó un corazón atravesado por una flecha. Para él, como para los amigos más cercanos de Santiago Nasar, el propio comportamiento de éste en las últimas horas fue una prueba terminante de su inocencia "

Gabriel García Márquez

Sobre la libertad religiosa, la laicidad y la Democracia (Por Yanira Zuñiga Añazco)

Hace unos días y bajo el titular “Iglesias expresan su rechazo sobre temas valóricos”, la prensa informaban que los representantes de las iglesias cristianas se habían apersonado en La Moneda (y habían sido recibidos por autoridades de gobierno) para entregar una carta de rechazo a los proyectos sobre acuerdo de vida en pareja, aborto terapéutico y no discriminación que se tramitan en el Congreso, dado que dichos proyectos atentarían- según los firmantes- contra los valores en que se fundó el país y que son la base de la sociedad.

Me voy a permitir transcribir parte de este documento. La carta señala: "2. Respetamos profundamente a quienes piensan de manera diversa en estos temas, sin embargo ello no legitima que se introduzcan cambios conceptuales drásticos en la legislación que afecten las profundas convicciones arraigadas en nuestro pueblo. De la misma manera, creemos que las leyes que emanan del poder legislativo deben respetar siempre el designio creador sobre el ser humano y lo que la misma naturaleza nos enseña acerca del amor humano, la vida y la familia. 3. Por estas razones nos parece completamente improcedente que se legisle para introducir en nuestra patria el aborto [...]. No existe ninguna razón que haga lícita una intervención directa con el propósito de privar de la vida al más inocente de todos los seres. 4. De la misma manera expresamos nuestro rechazo a la legislación que pretende incluir en el ordenamiento jurídico las uniones de hecho, especialmente entre personas del mismo sexo. Creemos que aprobar estas iniciativas [...], implica por sí mismo discriminaciones atentatorias contra el bien de la institución matrimonial e injustas en contra de la vida. 5.  Las Iglesias Cristianas en Chile rechazamos que en la redacción del actual proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación se use el término "orientación sexual", un concepto cuya ambigüedad ha derivado, en otras naciones, en una distorsión de la sexualidad y de las bases de la familia, así como en un serio peligro para el ejercicio de numerosas libertades, entre otras la religiosa, que son los fundamentos de una sociedad libre [...]. 6. Considerando que más de un 85 % de la comunidad nacional se declara de convicciones cristianas, invitamos a nuestras autoridades y legisladores a una seria reflexión acerca de las consecuencias que legislaciones como las señaladas pueden importar para el futuro de Chile. [...]  7. Nos importan los valores de la diversidad y el respeto en una sociedad libre y democrática. Pero a la autoridad le corresponde reconocer que existen principios y valores inmutables que han alimentado el alma y los cimientos de nuestra nación, cristiana desde sus inicios. Quienes no los acepten tienen todo el derecho de hacerlo, pero la ley es una ordenación social, moral y ética para todos y no puede imponerse contrariando la naturaleza de las cosas y vulnerando, creemos, el sentir mayoritario del país".

Creo que el razonamiento de la carta puede resumirse en la siguiente tesis: "somos tolerantes con la diversidad siempre que no contravenga ciertos principios y valores que consideramos inmutables. Estos serían la heterosexualidad como base de la familia y la protección del no nato". Para sustentar este alegato, la única razón que se aporta en el texto es la referencia a la población mayoritaria chilena que, declarándose cristiana, suscribiría, entonces, esta tesis. Digo que no hay otra justificación porque entiendo que sostener que a) no existe una razón lícita para interrumpir un embarazo y b) el matrimonio es (o debe ser) entre un hombre y una mujer;  no constituyen en sí mismos argumentos (en el sentido de aportación de razones justificativas) sino meras afirmaciones. O sea, equivalen a un "porque sí" o un "porque no" que, como se sabe, son comunes entre los niños.

Estoy cierta que pueden aportarse varias razones que justifican la interrupción del embarazo y algo de eso he hecho en otra columna ; y también otras tantas que demuestran que el matrimonio igualitario es una cuestión que se relaciona con la dimensión de reconocimiento de la justicia social , pero lo que me ocupará aquí no es eso, sino el rol público de las iglesias  en las sociedades democráticas.

Desde luego,  no es reprochable que las iglesias-como cualquier otro colectivo- expresen sus opiniones sobre temas de deliberación pública. Al contrario, la actuación de las iglesias en la vida pública está garantizada constitucionalmente en nuestro sistema a través de la protección de la libertad de culto (19 N° 6) que implica el derecho de éstas para organizarse como tales,  erigir y mantener sus templos, expresar públicamente sus creencias y desarrollar -también públicamente- sus rituales. Esta especial protección-que existe también en el Derecho comparado- tiene una raíz histórica. La tolerancia, como valor angular de nuestros ordenamientos, tiene su origen en la reforma religiosa, de manera que podríamos decir que la libertad religiosa es la madre del resto de las libertades.

Sin embargo, por paradójico que resulte, el especial estatus de la libertad religiosa en los Estados modernos se relaciona con el fenómeno de humanización que ésta cataliza, es decir, con un  movimiento progresivo de liberación intelectual que propicia que el ser humano se desprenda de todo determinismo (incluidos, desde luego, los religiosos) y se apropie de su destino. Una de las primeras manifestaciones de este movimiento se expresa en la necesidad de reconocer al individuo el dominio sobre sus propias convicciones y excluir, como contrapartida, la interferencia del Estado en esta esfera.

De ahí que para que la libertad religiosa en su doble dimensión (de conciencia y de culto) sea compatible con el humanismo moderno y con la misma idea de libertad (entendida como autonomía) requiere ser conjugada con el principio de laicidad, esto es, aquel que establece la separación del Estado y la Iglesia y que- conviene recordar-  en Chile fue establecido por primera vez en la Constitución de 1925. De otra manera, la libertad religiosa, particularmente aquella asociada a las religiones tradicionales (que son las únicas creencias que están excluidas de la sospecha de ser sectas), se transforma en puro privilegio.

Mirado así, uno puede plantearse la cuestión de la preferencia de convicciones a las que alude la carta (la cristiana versus las otras que protegerían los proyectos de ley aludidos en ella) de la siguiente manera: ¿Por qué las creencias cristianas, en tanto concepciones morales íntimas de ciertos sujetos y  no vinculantes para otros que no adscriban a ellas, merecen que se proteja especialmente su exteriorización colectiva, y otras convicciones o elecciones morales (como el ejercicio de la sexualidad y/o las relaciones de cooperación, de cuidado y de amor que entablan sujetos al margen del matrimonio) no merecen la misma consideración y deben, en contraste- ser "semi-ocultadas"?

Alguien puede argumentar-retomando la tesis central de la carta de las iglesias- que la razón de esta protección privilegiada y de la ingerencia especial de las iglesias en los debates públicos (la que-dicho sea de paso- se expresa en prácticas nacionales de dudosa legitimidad como la mediación eclesiástica en conflictos políticos) se justificarían por la gran cantidad de personas que profesan las creencias que estas organizaciones encarnan. Es decir, un argumento simple de mayorías. Sin embargo, este argumento no sólo olvida los orígenes de la libertad religiosa como derecho contramayoritario; sino que, además, no considera que los Estados democráticos de Derecho son modelos políticos que deben conciliar la decisión de las mayorías con los legítimos intereses de las minorías. Sin este contrapeso, la democracia se transforma en tiranía de las mayorías y la libertad religiosa deja de proteger convicciones autónomas para transformarse en una simple herramienta (estatal) de adoctrinamiento ideológico y en una fuente de sujeción moral.

Fuente: http://www.derecho.uach.cl/columna.php?pag=57&id=62

El sorpresivo espaldarazo del FMI a las demandas de los estudiantes.

“Siempre tuve la impresión de que el ministro Bulnes venía mandatado para cerrar la puerta a una Reforma Tributaria”, dice Patricio Contreras. El vocero de la Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, está desesperanzado, al igual que todos los estudiantes que se reunieron con el Ejecutivo el miércoles. No sólo por la negativa constante del Gobierno a aceptar las propuestas de fondo, sino porque ve pocas luces a que ésta, una de las demandas más importantes para lograr la gratuidad, sea tomada en cuenta.

Las señales del gobierno han sido erráticas al respecto y  hasta el momento no existe ninguna postura oficial, más allá del silencio de Bulnes durante las negociaciones con los estudiantes.

Pero esta semana un nuevo actor agregó presión al rumbo que finalmente tomará el Ejecutivo: el Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó a países “con una presión tributaria relativamente baja”, como México, Perú y Chile, aumentar los impuestos a las empresas.

Esto, según señala la entidad en su último Informe de Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe, se hace necesario para “llevar a cabo esfuerzos orientados a movilizar ingresos fiscales para atender las necesidades sociales y de infraestructura de la región, tales como niveles aún elevados de desigualdad de ingresos y las necesidades insatisfechas de una clase media en rápida expansión”.

El informe explica que para reducir  la carga social de la consolidación fiscal, “se debe considerar la posibilidad de aumentar los impuestos directos llevando las tasas que pagan las empresas a niveles internacionales y reduciendo los generosos incentivos y concesiones tributarias”. Según los cálculos del FMI, si esto se realiza los ingresos tributarios podrían aumentar más de 4 puntos porcentuales del PIB.

Giorgio Jackson, vocero de la Confech, señala que el gobierno debe entender lo que dice este tipo de informe. “No los dicen los bolcheviques ni la Unión Soviética, por poner un ejemplo. Lo dice el FMI y dentro de los países de la OCDE Chile es uno de los países que menos paga en tributos. Entonces dar ese salto, para que el país crezca de manera armónica y no en forma concentrada como es hoy día, es primordial”.  El presidente de la FEUC además lanza un cálculo: “Son 4 puntos del PIB que podrían destinarse a gasto. Nosotros para financiar toda la educación necesitamos un 1,5%”.

ECONOMISTAS

No sólo los estudiantes consideran que para poder financiar reformas estructurales en la educación y en otras áreas claves para el desarrollo del país es necesario seguir la recomendación del FMI. Diversos economistas apuntan en la misma dirección.

El ex asesor de Hacienda y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, señala que una reforma tributaria “se justifica” en un escenario como el actual en que se habla de impulsar reformas importantes y donde se necesitan gastos permanentes que tienen que ser “financiados con ingresos permanentes, y sólo se logran aumentando la carga tributaria”.

Micco considera que este informe es un espaldarazo para el movimiento estudiantil, “en la necesidad de tener un sistema educacional de mejor calidad y más equitativo (…) Tenemos niveles de desigualdad muy altos que sin educación que rompa con ella es difícil mejorarlo. Claramente es un tema importante y una deuda pendiente que tenemos como país”.

Además, explica que “si se hace un estudio bien simple de cuáles eran los niveles de carga tributaria de países desarrollados y de algunos en vías de desarrollo cuando tenían el mismo ingreso per cápita de Chile se da cuenta que la carga en promedio era de 27% y en Chile tenemos 21%. Entonces hay espacio para aumentar esta carga, sobre todo si está destinada a mejorar el capital humano”.

Según el economista, el punto principal al que apunta el FMI en su informe se refiere a lasexenciones tributarias, que “en algún momento pueden haber tenido razón de ser, pero hoy no, ya que la situación del mercado de capitales actual es muy distinta: tenemos un mercado de los más desarrollados del mundo para nuestro nivel, así como accesos muy buenos a financiamiento externo”.

Entre las exenciones más regresivas se encuentra la exención de IVA a la construcción, que aunque se bajó a la mitad hace un par de años, por el lobby de las empresas del rubro no fue posible erradicarlo.

Casos como este, señala el economista Jorge Rodríguez Cabello, avalan los requerimientos del FMI.  El investigador de Cieplan recalca que el llamado del FMI “sirve para el argumento que se estaba levantando con fuerza relativo a mantener el impuesto a las empresas al 20%, ya que aunque se subió transitoriamente 3 puntos porcentuales por el terremoto, no se afectó en lo absoluto el crecimiento, y los hechos demostraron que no hubo efectos negativos”.

Además, señala que si se siguen los lineamientos del Fondo se podría equilibrar la desproporcionada carga que se lleva el IVA en nuestro país, que representa alrededor de 45% de los ingresos tributarios, mientras que en los países OCDE es de sólo 17% en promedio.

Para el ex asesor de Hacienda, Cristóbal Huneeus, las recomendaciones del FMI apuntan a que “si el gobierno da señales de que el gasto público no va a bajar la única forma de equilibrarlo es subiendo los impuestos. Y si ya se subió el royalty lo único que queda es el impuesto a las empresas”.

DOS MÁS DOS

Los ejes centrales de financiamiento para una educación gratuita, según los estudiantes, están centrados en Reforma tributaria, recuperación de recursos naturales y royalty.

Con apoyo de diversos textos y expertos han podido levantar una propuesta que para muchos parece la forma más sensata de financiar no sólo educación, sino también otras demandas sociales para que Chile camine hacia la igualdad.

Una de las frases que ha repetido el ministro Bulnes sobre esta materia y que también dijo en la mesa sentado con los estudiantes es que no es posible que “los pobres financien la educación de los más ricos”. Sin embargo, esta afirmación no tiene el mismo sustento cuando se mira la propuesta de los estudiantes.

Entre las iniciativas está aumentar de 35% a 40% el Impuesto Adicional a la Renta. Bajar el Impuesto de Primera Categoría a 10%, pero que a la vez deje de ser un crédito al impuesto personal de los empresarios y aumentar un 17% los impuestos que pagan las empresas de sus utilidades, por ejemplo.

El texto va en la línea de los ejes centrales del informe del FMI relativo a terminar con las concesiones tributarias y los generosos incentivos a las empresas. En una de sus páginas señala que “todos los años los informes de Finanzas de la Dirección de Presupuesto, reportan que existen más de 5 mil millones de dólares que se llama Gasto Tributario, pero que en realidad llamarlo de esta manera no es más   que una forma de ocultar verdaderos subsidios que el Fisco otorga a los más ricos de Chile, mediante exenciones tributarias. Es decir, el Fisco no les cobra el impuesto a la renta por una serie de diversas ganancias… Por esta razón, sin necesidad de aumentar ningún impuesto, y sólo poniendo término al “gasto tributario” podría recibir US$ 5 mil millones.

Sin embargo, el documento quedó en nada -al menos por ahora- luego del quiebre de la mesa. ”Sin perjuicio de las conversaciones que podamos tener con los estudiantes, si ellos están disponibles, el gobierno siempre va a estarlo para el diálogo”, señaló el ministro Felipe Bulnes. Pero no fue suficiente, ya que los estudiantes convocaron a una nueva marcha para el 19 de octubre, con el precedente de la violenta jornada que se vivió ayer en Santiago, con varios heridos y detenidos.

Además del calendario de movilizaciones que continuarán, en la reunión de la Confech que se realizará el sábado en Valdivia, se definirá cuál será el mecanismo frente a un eventual emplazamiento a parlamentarios y también la internacionalización del conflicto que tendrá un importante avance con las reuniones que los líderes de la Confech sostengan en Paris próximamente y que incluyen reuniones en la OCDE.

“Desde el Confech de Valparaíso que se está pensando en internacionalizar el conflicto y el primer paso será el viaje que hagan algunos de nuestros representantes a Europa. En Valdivia también se conversará acerca de este tema”, dice José Ancalao, werkén de la Federación de Estudiantes Mapuche.

Los dirigentes de la Confech viajarán el próximo 13 de octubre a Europa. Finalmente, los invitados serán Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH; Giorgio Jackson, presidente de la FEUC y probablemente también se sume la presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, Nataly Espinoza. La agenda incluye, entre otros hitos, reuniones con personeros de la Comisión de Educación Superior del Parlamento Europeo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la OCDE y participarán en una manifestación en La Sorbonne.

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/07/el-sorpresivo-espaldarazo-del-fmi-a-las-demandas-de-los-estudiantes/

Fuente: El Mostrador.

Corte de Apelaciones de Puerto Montt da luz verde a proyecto HidroAysén

Jueves 6 de octubre de 2011 | 14:13


Rechazó los siete recursos de protección interpuestos por el abogado Marcelo Castillo en el Tribunal de Alzada.

La primera y única sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó hoy los siete recursos de protección interpuestos en contra de la materialización del proyecto HidroAysén, interpuestos por el abogado Marcelo Castillo.

La resolución del Tribunal de Alzada sureño, falló por dos votos contra uno el rechazo a los recursos de protección.

El abogado, en todo caso ya anunció que llegará hasta la Corte Suprema, quien en definitiva será la que de la luz verde definitiva para el proyecto hidroeléctrico.

Mientras, las obras de construcción de HidroAysén siguen paralizadas ya que la orden de no innovar continúa vigente.

Fuente: Diario Financiero

El Túnel y su elocuente, descriptivo y profundo primer capítulo.

Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne; supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mipersona.

Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizá sea una forma de defensa de la especie humana. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que —felizmente— la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal; yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y, así, casi podría decir que "todo tiempo pasado fue peor", si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado; recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¡Cuántas veces he quedado aplastado durante horas, en un rincón oscuro del taller, después de leer una noticia en la sección policial!. Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí; hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva; esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano: es una honesta y profunda convicción. ¿Un individuo es pernicioso?. Pues se lo liquida y se acabó. Eso es lo que yo llamo una  destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que

ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a seis o siete tipos que conozco.

Que el mundo es horrible, es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo, en todo caso: en un campo de concentración un ex pianista se quejó de hambre y entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva.

 

No es de eso, sin embargo, de lo que quiero hablar ahora; ya diré más adelante, si hay

ocasión, algo más sobre este asunto de la rata.

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 Ernesto Sábato

I

Penalizar las tomas: es más seguro si nadie protesta (por Domingo Lovera Parmo )

Según hemos reportado en el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2011 (Informe UDP 2011), la protesta social ha sido fuertemente deslegitimada y reprimida por la autoridad.

Las autoridades de Gobierno han insistido en reclamar que en democracia hay canales habilitados para participar. Se afirma que las protestas impiden que las instituciones operen con normalidad, no obstante nadie se preocupó de dejarlas funcionar tranquilas cuando el Presidente intervino en Punta de Choros.

Las autoridades de Gobierno han insistido -y en esto la prensa tradicional ha servido como caja de resonancia- en el supuesto carácter violento de las movilizaciones. Las cifras demuestran todo lo contrario. Si se toma en cuenta el número de personas que han participado en las manifestaciones, comparado con el de quienes incurren en actos violentos, se notará que éstos últimos no alcanzan siquiera el 1% de quienes se han movilizado. El Gobierno mismo que ha dicho que no se puede legislar a partir de los reclamos de “unos pocos” movilizados, es capaz de olvidarse de sus propias palabras para sugerir que ahora sí unos pocos son todos.

Desde el Gobierno se cuestiona, casi como si fuera un pecado tratándose del ejercicio de derechos, que los estudiantes movilizados representan a una minoría, reclamo que, para ser honestos, debiera meditarse dos o tres veces si se lo formula desde un Gobierno que exhibe los índices de adhesión que se conocen. Más curioso resulta, todavía, es que si los que reclaman son un grupo minoritario “que tiene secuestrado a los que sí quieren estudiar”, el Gobierno se preocupe de invitarlos a La Moneda, de dirigirse a ellas y ellos por medio de cadenas nacionales y de incurrir en un gasto histórico -cosa que se conoce no es cierta- para mostrar su preocupación por las demandas.

En un contexto desfigurado por la mirada del Gobierno, el recurso a la represión ha sido sencillo. Amparados en una norma dictada en plena dictadura -y donde, desde luego, la expresión norma es casi una humorada-, el Gobierno no ha tenido problemas en sugerir que las movilizaciones que no sean autorizadas serán disueltas. Ello, pese a que la Constitución reconoce el derecho de todas las personas a reunirse sin permiso previo. Echando mano a la misma disposición, la intendenta de Santiago cree ser la fuente de derechos constitucionales y, como se recordará, hasta se dio maña de amenazar a los que asistieran a las marchas: “sus hijos arriesgan, en definitiva, salir lesionados”, dijo sin problemas.

Habilitados por el mismo decreto, pero además dentro de un manto de impunidad en que han operado por años (y que incluye una justicia militar que tiene mucho de militar y muy poco de justicia), Carabineros ha actuado con represión injustificada y hemos debido lamentar, incluso, muertes. Sus detenciones no han podido ser justificadas en tribunales y han sido declaradas ilegales. Este no es un problema del tipo penal. Es, sencillamente, falta de rigor, torpeza y ejercicio discrecional de fuerza.

El aparato de persecución criminal, por su parte, exhibe índices ridículos. De miles de detenciones e imputaciones efectuadas por el delito de desórdenes públicos, que a la luz del funcionario policial de turno puede ir desde levantar un lienzo (como ocurrió frente a la casa central de la Universidad de Chile) a pararse en una esquina (como ocurrió el 4 de agosto en plena Plaza Italia), la inmensa mayoría de ellas terminan en nada porque el Ministerio Público decide no perseverar. Terminan en nada para el sistema, pero han sido detenciones ilegales, pérdida de tiempo e inversión en recursos legales y de otra índole para los miles de adolescentes contra quienes se ejerce la fuerza del derecho penal, solo para sacarlos de circulación en contextos de protesta.

El lamento de nuestras autoridades que se sorprendían al enterarse que en el trágico incendio de la Cárcel San Miguel murieron personas que estaban privadas de libertad por vender películas piratas, ahora sabemos que era falso.

Y pese a todo lo anterior, pese a discursos contradictorios y autocomplacientes, el Gobierno arroja sobre la mesa un nuevo proyecto de ley. Ocupando el pretexto del robo a un par de supermercados -que se produjeron no en el contexto de protestas, sino que en uno de negligencia del Estado- ocurre que ahora las tomas pretenden ser declaradas ilegales. Los estudiantes que participen en tomas podrán ser privados de libertad. Es decir, mientras el sistema carcelario chileno se encuentra hacinado, y ello porque los gobiernos han sido incapaces de proponer una política criminal coherente, se pretende llevar más gente a las prisiones.

La evidencia que se muestra en el Informe dibuja un panorama tremendamente hostil a la protesta. Y en ese contexto, uno muy distinto al que cruza por las cabezas de Hinzpeter, Espina, Cristi y Piñera, el antecedente del proyecto en cuestión es tremendamente peligroso. Las autoridades de Estado están mostrando torpeza en la forma en que han encarado el conflicto político relativo a la educación, pero lo realmente preocupante es que, sobrepasados por el conflicto, han preferido reprimirlo. Y no de cualquier forma, sino que criminalizándolo, esto es, echando mano a la herramienta más peligrosa a que puede recurrir el Estado: el uso de la fuerza que monopoliza. El uso descuidado y antojadizo al recurso penal me obliga a obviar la expresión “legítima”. Y es que esto ya lo debiera saber el Presidente; nada en la vida es gratis.

Fuente: http://ciperchile.cl/2011/10/04/penalizar-las-tomas-es-mas-seguro-si-nadie-protesta/