Según hemos reportado en el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2011 (Informe UDP 2011), la protesta social ha sido fuertemente deslegitimada y reprimida por la autoridad.
Las autoridades de Gobierno han insistido en reclamar que en democracia hay canales habilitados para participar. Se afirma que las protestas impiden que las instituciones operen con normalidad, no obstante nadie se preocupó de dejarlas funcionar tranquilas cuando el Presidente intervino en Punta de Choros.
Las autoridades de Gobierno han insistido -y en esto la prensa tradicional ha servido como caja de resonancia- en el supuesto carácter violento de las movilizaciones. Las cifras demuestran todo lo contrario. Si se toma en cuenta el número de personas que han participado en las manifestaciones, comparado con el de quienes incurren en actos violentos, se notará que éstos últimos no alcanzan siquiera el 1% de quienes se han movilizado. El Gobierno mismo que ha dicho que no se puede legislar a partir de los reclamos de “unos pocos” movilizados, es capaz de olvidarse de sus propias palabras para sugerir que ahora sí unos pocos son todos.
Desde el Gobierno se cuestiona, casi como si fuera un pecado tratándose del ejercicio de derechos, que los estudiantes movilizados representan a una minoría, reclamo que, para ser honestos, debiera meditarse dos o tres veces si se lo formula desde un Gobierno que exhibe los índices de adhesión que se conocen. Más curioso resulta, todavía, es que si los que reclaman son un grupo minoritario “que tiene secuestrado a los que sí quieren estudiar”, el Gobierno se preocupe de invitarlos a La Moneda, de dirigirse a ellas y ellos por medio de cadenas nacionales y de incurrir en un gasto histórico -cosa que se conoce no es cierta- para mostrar su preocupación por las demandas.
En un contexto desfigurado por la mirada del Gobierno, el recurso a la represión ha sido sencillo. Amparados en una norma dictada en plena dictadura -y donde, desde luego, la expresión norma es casi una humorada-, el Gobierno no ha tenido problemas en sugerir que las movilizaciones que no sean autorizadas serán disueltas. Ello, pese a que la Constitución reconoce el derecho de todas las personas a reunirse sin permiso previo. Echando mano a la misma disposición, la intendenta de Santiago cree ser la fuente de derechos constitucionales y, como se recordará, hasta se dio maña de amenazar a los que asistieran a las marchas: “sus hijos arriesgan, en definitiva, salir lesionados”, dijo sin problemas.
Habilitados por el mismo decreto, pero además dentro de un manto de impunidad en que han operado por años (y que incluye una justicia militar que tiene mucho de militar y muy poco de justicia), Carabineros ha actuado con represión injustificada y hemos debido lamentar, incluso, muertes. Sus detenciones no han podido ser justificadas en tribunales y han sido declaradas ilegales. Este no es un problema del tipo penal. Es, sencillamente, falta de rigor, torpeza y ejercicio discrecional de fuerza.
El aparato de persecución criminal, por su parte, exhibe índices ridículos. De miles de detenciones e imputaciones efectuadas por el delito de desórdenes públicos, que a la luz del funcionario policial de turno puede ir desde levantar un lienzo (como ocurrió frente a la casa central de la Universidad de Chile) a pararse en una esquina (como ocurrió el 4 de agosto en plena Plaza Italia), la inmensa mayoría de ellas terminan en nada porque el Ministerio Público decide no perseverar. Terminan en nada para el sistema, pero han sido detenciones ilegales, pérdida de tiempo e inversión en recursos legales y de otra índole para los miles de adolescentes contra quienes se ejerce la fuerza del derecho penal, solo para sacarlos de circulación en contextos de protesta.
El lamento de nuestras autoridades que se sorprendían al enterarse que en el trágico incendio de la Cárcel San Miguel murieron personas que estaban privadas de libertad por vender películas piratas, ahora sabemos que era falso.
Y pese a todo lo anterior, pese a discursos contradictorios y autocomplacientes, el Gobierno arroja sobre la mesa un nuevo proyecto de ley. Ocupando el pretexto del robo a un par de supermercados -que se produjeron no en el contexto de protestas, sino que en uno de negligencia del Estado- ocurre que ahora las tomas pretenden ser declaradas ilegales. Los estudiantes que participen en tomas podrán ser privados de libertad. Es decir, mientras el sistema carcelario chileno se encuentra hacinado, y ello porque los gobiernos han sido incapaces de proponer una política criminal coherente, se pretende llevar más gente a las prisiones.
La evidencia que se muestra en el Informe dibuja un panorama tremendamente hostil a la protesta. Y en ese contexto, uno muy distinto al que cruza por las cabezas de Hinzpeter, Espina, Cristi y Piñera, el antecedente del proyecto en cuestión es tremendamente peligroso. Las autoridades de Estado están mostrando torpeza en la forma en que han encarado el conflicto político relativo a la educación, pero lo realmente preocupante es que, sobrepasados por el conflicto, han preferido reprimirlo. Y no de cualquier forma, sino que criminalizándolo, esto es, echando mano a la herramienta más peligrosa a que puede recurrir el Estado: el uso de la fuerza que monopoliza. El uso descuidado y antojadizo al recurso penal me obliga a obviar la expresión “legítima”. Y es que esto ya lo debiera saber el Presidente; nada en la vida es gratis.
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